Cada vez es mas frecuente oír hablar de la ‘brecha digital’, que hace referencia a esa barrera que se encuentran algunas personas ante el acceso a las nuevas tecnologías y cómo eso las aleja del resto de personas que si pueden acceder a ellas.
Cuando usamos esa expresión solemos referirnos a personas que por su edad o nivel cultural tienen dificultades con respecto a las interacciones con la interfaz digital, por desconocimiento generalmente de las fórmulas habituales. Otras veces nos referimos a la incapacidad económica o física de acceder directamente a dispositivos tecnológicos de comunicación.
Para uno de nuestros abuelos o padres es bastante accesible pasar las páginas de un periódico en un tablet pero pedirle que cambie de red wifi en un momento determinado puede ser una barrera infranqueable para él.
Para un invidente navegar por Facebook es una experiencia notablemente pobre puesto que no es capaz de leer algunos contenidos multimedia como imágenes y vídeos que no incluyen una descripción alternativa que los interprete para ellos.
Una web con botones pequeños puede convertirse en un verdadero infierno para una persona con problemas motrices que maneja un ratón con una prótesis.
Al mismo tiempo se están presentando grandes avances en lo que respecta a procesos burocráticos que pueden realizarse por vía telemática: impuestos, solicitudes, permisos, certificados, etc… muchos de ellos de índole municipal, pero también estatal.
Y precisamente es en estos últimos casos donde nos encontramos algunos de los mayores problemas de accesibilidad para determinadas personas.
Desde el 2008 es obligatorio por ley que toda página web de tipo institucional tenga un nivel de accesibilidad AA, es decir, que sea navegable, predecible, operable y comprensible por personas con dificultades visuales, auditivas, motoras y cognitivas.
Para certificar este nivel de accesibilidad, las páginas institucionales deben incluir una declaración de conformidad que implica cumplir una serie de normas técnicas bastante severas.
Estas aseguran que, a pesar de las dificultades que puedan tener los usuarios, serán capaces de desarrollar las actividades para las que la página web en cuestión se haya creado.
Lo cierto es que si echamos un vistazo a gran parte de las páginas de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, hospitales, colegios, bibliotecas, etc… veremos como en gran parte de ellas no existe la declaración de conformidad, en otras existe pero no se cumple y en muy pocas está detallada y se cumple legalmente.
Además de las páginas institucionales también las de grandes empresas como servicios de suministro de gas, electricidad, agua, agencias de viajes (con más de 100 empleados), seguros, bancos, transporte por carretera, aire, mar, ferrocarril, etc deben cumplir estas normas. Aquí el cumplimiento es sencillamente de risa.
A pesar de que la ley como ya hemos dicho es efectiva desde el 2008 y de que establece fuertes multas para aquellos sitios que la incumplan, a día de hoy no se ha sancionado ningún caso.
¿Por qué creamos leyes que establecen sistemas de igualdad en el acceso y gestión a la información pero luego no hacemos nada por cumplirlas?
Invitaría a muchos de los responsables de estos sitios web a sentarse un rato con un sordo-ciego a comprobar cuál su experiencia de navegación en su página a través de una línea de Braille o explicar a una persona mayor porqué no puede renovar su carnet de conducir por no saber coger cita previa en la web de la DGT.
Nos falta aun mucha sensibilidad tecnológica y no se trata de una deferencia, se trata de un derecho.
